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Abogados tildan de "ilegal" suspensión de eutanasia a mujer colombiana y apelarán la decisión

Después de conocerse la cancelación del proceso de eutanasia a la colombiana Martha Sepúlveda, sus abogados iniciaron acciones legales. Según indicó la defensa, la decisión de detener el procedimiento fue tomada "de forma ilegal".

El Comité Científico Interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a través de eutanasia del Instituto Colombiano del Dolor S.A.S, detuvo la eutanasia programada para este 10 de octubre. Los galenos evaluaron nuevamente el caso y decidieron de forma unánime dar marcha atrás a la aprobación, según indicó Radio Nacional.

Se explicó que la decisión esta basada en el numeral 26.6 de la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social; pues según los especialistas, la mujer no cumplió con el "criterio de terminalidad".

El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), que representa judicialmente a la paciente, rechazó la decisión del instituto. "De manera ilegal y arbitraria, la IPS INCODOL-Instituto Colombiano del Dolor de Medellín (Colombia), decidió cancelar el procedimiento de eutanasia de Martha Sepúlveda", aseguraron en un comunicado.

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Como base de su denuncia, recordaron que el proceso "estaba completamente aprobado por Acta del 6 de agosto de 2021 y programado para el 10 de octubre". Adicionalmente, la defensa de Sepúlveda aseguró que la mujer se enteró de la cancelación de la eutanasia el viernes; a través de un correo que no tenía las firmas de los médicos involucrados en el procedimiento.

Por su parte, la IPS Incodol, la cual iba a realizar el procedimiento, señaló que la paciente tiene una expectativa de vida mayor a seis meses; por lo que "no cumple el criterio de terminalidad". Sin embargo, DescLab rechazó esos argumentos afirmando que "se vulneró el derecho fundamental a la muerte digna de Martha".

"...Se desconoció la protección a la dignidad humana, instrumentalizándola y obligándola a extender su sufrimiento de manera ilegal e ilegítima", manifestaron. DescLab prometió iniciar acciones legales contra el instituto para proteger los derechos fundamentales de Sepúlveda, según reseñó El Economista.

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